Acuerdo PSOE-ERC: amnistía, traspaso de cercanías y condonación parcial de la deuda – TrasELBalo
El huracán político que se preveía para este jueves en Cataluña no ha soplado con toda su fuerza. Carles Puigdemont y Junts no han dado su consentimiento a la investidura de Pedro Sánchez debido a discrepancias sobre la ley de amnistía. Sin embargo, ERC ha cerrado un acuerdo con los socialistas para garantizar la estabilidad del nuevo Gobierno progresista en Cataluña.
Los puntos principales de este acuerdo incluyen el traspaso total de los servicios ferroviarios de cercanías a la Generalitat, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda, la aprobación de una ley de amnistía, la creación de una mesa de diálogo para abordar el conflicto político, el financiamiento de la incorporación de 3.739 efectivos a los Mossos d’Esquadra, la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales y la optimización del parque de inmuebles del Estado.
La condonación de la deuda del FLA también beneficiará a otras 13 comunidades autónomas. Además, se creará un mecanismo que mejorará el acceso a la financiación de las autonomías.
En cuanto al traspaso del servicio ferroviario de cercanías, este será integral y se constituirá una nueva empresa, Rodalies Catalunya, para gestionar el traspaso de manera compartida.
La mesa de diálogo entre gobiernos para abordar el conflicto político incluirá el reconocimiento nacional de Cataluña y los acuerdos alcanzados serán refrendados por la ciudadanía.
Por otro lado, la ley de amnistía está en la recta final de negociación con Junts. Esta medida beneficiará a 700 encausados relacionados con los eventos del 9-N y el 1-O, y su aplicación abarcará los últimos diez años. El registro de la proposición de ley en el Congreso es inminente.
Por último, se estima que el Tribunal de Cuentas dará por perdidos diez millones de euros relacionados con el proceso independentista. Ante esto, el PP ha propuesto una reforma del Reglamento del Senado para retrasar la ley de amnistía. Además, se prevé que el Tribunal Supremo eleve cuestiones de inconstitucionalidad, lo que dejará la ley en suspenso hasta la resolución del Constitucional.
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