El Gobierno envía la Ley de Amnistía a Europa mientras despliega ya su agenda social para neutralizar el desgaste: 1.100 millones para cuidados

El Gobierno español, liderado por el PSOE, enfrenta un importante desgaste tras la aprobación de la Ley de la Amnistía. Esta decisión política ha generado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes y la justicia.

Para neutralizar el impacto negativo de esta medida, la Moncloa ha preparado una importante agenda social. Con el objetivo de explicar la ley y resolver las dudas que puedan surgir, se ha solicitado una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders.

En el marco de esta agenda social, el Gobierno destinará una inversión de 1.100 millones de euros para los cuidados de larga duración. Esta suma proviene de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea, y las comunidades autónomas podrán utilizarlos en proyectos relacionados con la economía de los cuidados.

Esta medida incluye la financiación de nuevos equipamientos y la incorporación de tecnologías avanzadas en los servicios de cuidados. De esta forma, se busca mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y contribuir al desarrollo del sector.

Este paquete de medidas forma parte de la acción de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Además, el Ejecutivo anticipa otras decisiones relacionadas con la agenda social, como una subida del salario mínimo interprofesional.

No obstante, la Unión Europea ha manifestado preocupaciones sobre las implicaciones de la Ley de la Amnistía en la separación de poderes y la justicia. Ante esto, se ha solicitado una reunión con representantes de la Comisión Europea para discutir el tema y buscar soluciones conjuntas.

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En resumen, el Gobierno español afronta un desgaste significativo tras la aprobación de la Ley de la Amnistía. Sin embargo, ha decidido contrarrestar este impacto negativo con una importante agenda social, que incluye una inversión millonaria para los cuidados de larga duración. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y generar un impacto positivo en el sector. Al mismo tiempo, el Gobierno se enfrenta a las preocupaciones de la Unión Europea y ha solicitado reuniones para abordar estas cuestiones de manera conjunta.

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