Condenan la violación de los derechos de las personas que viven con el VIH en el proceso de vacunación

En el marco del proceso de vacunación contra el Gobierno-19, el 16 de febrero se publicó la Ordenanza 706 del Ministerio de Salud, que establece el glosario “Cuando se requiere una vacuna, un documento, prueba o certificado que acredite el estado de VIH e inmunidad. Sí, hay que aportar cédula o documento de identidad ”. Este documento ministerial modificó el Ordinario 500, que fue denunciado por activistas y organizaciones que trabajan en VIH, como parte del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH / SIDA e ITS del Ministerio de Salud. Señaló que un producto, que se suponía que era un documento oficial, debe ser considerado para la presentación de un documento que indique “diagnóstico de GES 18, más de 200 CD4 y carga de virus menor de 1000”. Además de violar el principio de confidencialidad garantizado por la Ley del SIDA, este requisito se enmarcó rápidamente como una barrera para el acceso a la vacuna.

Sin embargo, cuando comenzó la vacunación para pacientes con VIH / SIDA el 8 de marzo, las empresas comenzaron a recibir quejas de personas VIH positivas, a pesar de que se afirmó que no se debía probar el estado del VIH o la inmunidad. Fueron obligados a presentar documentos que acrediten diagnóstico y tratamiento y ensayos clínicos.

En este sentido, el activista VIH / SIDA Vector Hugo Robles, o “L Say de las Case”, señala que se encontró con esta situación porque tuvo que manifestar verbalmente su estado seropositivo frente a varios funcionarios públicos. Dice: “Sin hacerlo, se integró en la lista oficial del programa VIH del Hospital San José, donde estuve de acuerdo con las dificultades y demandas de vacunación”, dice.

Quejas

Con el paso de los días aumentaron las denuncias y se evitó tener la obligación legal de acreditar el estado serológico de las personas. Al respecto, Vector Hugo Robles dijo que “los funcionarios indicaron que no recibieron ni estudiaron los 706 normales del Ministerio de Salud”.

Desde la comunidad, lamentan no haber sido invitados a participar en el desarrollo de protocolos de vacunación para personas que viven con el VIH. De igual forma, se condena el proceso de vacunación por “no llevarse a cabo como una política pública centralizada ni coordinada por el departamento de inmunización del Ministerio de Salud”. Añadió que “las vacunas en todo el país han utilizado criterios diferentes y diferentes, algunos de los cuales no dificultan la vacunación de personas que viven con el VIH sin certificar u oralizar su estado crónico específico, y muchos han enfatizado en la ley el deber de acreditación médica. “

Las denuncias por infracción provienen de inmunizaciones privadas y públicas, y las públicas son administradas principalmente por municipios del área metropolitana, como “Santiago, Providencia, Ñuooa, La Raina, Baja Bornicia, Renga, San Miguel, Quiligura, Regolotta, Huchurabata, y pronto.” Asimismo, también recibieron informes sobre vacunación pública en los pasillos públicos de Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Tomé y Concepción. Las quejas se recogen a través de historias y testimonios orales, así como se escriben en las redes sociales o se envían directamente al programa “Simpre Viva n Vivo” de Radio Universidad de Chile.

Comportamiento

En respuesta, la comunidad implementó “quejas públicas y argumentos políticos e institucionales para mejorar la vacunación de las personas que viven con el VIH / SIDA”. Uno de ellos es el recurso de defensa interpuesto por Robles el 3 de febrero en el juzgado de Santiago contra el Ministerio de Salud.

En entrevista con el periodista de Canal 13 Ramón Ulloa, el activista señaló en una carta que la acción legal no era conocida por el ministro de Salud. “Este recurso de seguridad está vigente en el poder judicial”, dijo Robles.

Asimismo, se inició otra acción judicial por deficiencias en la política de vacunación. Fue presentado ante el tribunal contra el municipio de Providence por otra persona que vive con el VIH.

Paralelamente a la acción judicial, se realizaron consultas, contactos y reuniones con el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH / SIDA e ITS del Ministerio de Salud, según el “Caso Leyes LCD”. Estos encuentros nacieron de la necesidad de abordar seriamente esta situación. Sin embargo, a pesar de los intentos de realizar reuniones entre organizaciones sociales que trabajan en VIH / SIDA y Cecilia González, jefa del departamento de inmunización del Ministerio de Salud, no fue posible. “Fueron rechazados sin motivos ni explicaciones concretas. Es lamentable que el ministerio directo y el sentido de cooperación mutua entre los funcionarios de salud y la ciudadanía no sean parte de la política pública del departamento de inmunización del Ministerio de Salud”, dijo Robles.

De igual forma, el activista cuestiona al ministro de Salud, diciendo que “es lamentable que sus palabras o la instrucción ministerial obligatoria no hayan sido suficientes para prevenir los abusos a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH / SIDA en Chile”.

Haga clic aquí para ver una carta de Vector Hugo Robles al Ministro de Salud: Carta al Ministro de Salud.