Alexandra Skochilenko, una activista de 33 años, ha sido sentenciada a siete años de prisión por difundir información falsa del Ejército ruso. Esta noticia ha causado revuelo en la opinión pública y ha generado gran controversia.
La condena de Skochilenko se debe a que reemplazó los precios de varios productos de un supermercado con mensajes en contra de la invasión rusa de Ucrania. Esta acción fue llevada a cabo en nombre de un colectivo feminista al que pertenece, en un intento de expresar su descontento y protestar contra la guerra.
El incidente ocurrió en abril de 2022, apenas dos meses después del inicio de la invasión. Los mensajes colocados por Skochilenko en las etiquetas de los precios incluían críticas tanto a la guerra como al presidente Vladimir Putin. Estas acciones fueron consideradas como un delito por las autoridades rusas, que aplicaron una legislación restrictiva que criminaliza el activismo en contra de la guerra.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para Skochilenko, mientras que su defensa argumentó a favor de su absolución debido a sus enfermedades crónicas. Sin embargo, el tribunal finalmente dictaminó la condena de siete años de prisión, además de prohibirle realizar actividades relacionadas con las redes sociales o administrar páginas web durante tres años.
En su declaración final, Skochilenko ironizó sobre el proceso judicial y cuestionó la fe de la Fiscalía en el Estado ruso y su sociedad. Su caso ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en Rusia, así como sobre la legitimidad de las leyes que limitan el activismo en contra de la guerra.
La condena de Alexandra Skochilenko ha generado un llamado internacional a la liberación de la activista y ha sido vista como un intento de frenar la crítica al gobierno y limitar la libertad de expresión en el país. La situación de los activistas y defensores de los derechos humanos en Rusia sigue siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional, que demanda un respeto y protección plena de los derechos fundamentales.
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